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 TOME Y NO LEA

Ángel Castaño Guzmán

Una tarde sazonada por la molicie, mientras paseaba por un bosquecillo, Agustín encontró un libro tirado en el césped. Una voz venida del cielo, cuenta el obispo de Hipona en Confesiones, le canturreó al oído tres palabras que partieron en dos la teología occidental: toma y lee. El inquieto joven, fruto del tormentoso matrimonio de una cristiana con un pagano, bañado en cascadas de elogios debido a su excepcional oratoria, abrevada en incesantes lecturas de clásicos latinos, se acercó temeroso, presintiendo la relevancia de aquello que estaba a punto de suceder. El momento culminante de su conversión resultó más sencillo de lo esperado: una epístola de Pablo de Tarso se convirtió en brújula de sus pasos. Ahora, ¿se puede decir sin las mejillas encendidas lo mismo de periódicos y revistas? ¿Los despachos noticiosos son confiables coordenadas? La respuesta es simple: no. El periodismo contemporáneo, hermano siamés del proselitismo político, difunde versiones fantasmales de la realidad nacional. Las ejecuciones extrajudiciales las maquilla con el nombre de falsos positivos y no tiene empacho en la elevación de Uribe al altar de los próceres.

La Bagatela de Antonio Nariño inició una tradición extendida hasta la actualidad. Las relaciones entre medios de comunicación y la clase dominante colombiana han sido constantes en la historia del país. Ninguna institución, incluidas religión y fuerzas armadas, ejerce una convocatoria social siquiera comparable. No en vano varios políticos profesionales han saltado sin pudor de salas de redacción a puestos de influencia.

Los conglomerados económicos manejan la información como señuelo de consumo. La prensa amiga del gobierno es publicidad y eso salta a la vista en un escenario acompasado a prebendas burocráticas. Basta una mirada atenta sobre contenidos y enfoques de agendas de opinión para caer en la cuenta de que la supuesta objetividad periodística, bandera del oficio, es cliché retórico. En lugar de bucear en los dramas humanitarios del conflicto social, para arrancarle de una buena vez la máscara a la infamia, los medios se solazan en la reproducción de informes inanes y cubrimientos deleznables. El desprestigio inició en el preciso momento en que la noticia se convirtió en mercancía gracias a las leyes del capitalismo, señaló Kapuscinski con acierto. Los camuflados intereses de los propietarios pesan más a la hora de la toma de decisiones que el compromiso contraído con la ciudadanía de retratar el mundo con imparcialidad. El periodista, duele decirlo, pasó de apóstol de la verdad a marioneta corporativa. La sociedad civil, en consecuencia, carga con la perentoria obligación de exigirles honestidad a los profesionales del micrófono y la libreta. El despliegue mediático suscitado por algún acontecimiento está ligado con el impacto del mismo en la comunidad. Ya basta de reinados satinados y maniquíes anoréxicos. Las baratijas reporteriles son censurables. Hay asuntos más apremiantes para la paz que el soft porn reinante en radio y televisión.

Partícula: hito vergonzoso dentro del extenso prontuario de la barbarie colombiana son las ejecuciones extrajudiciales que, contrario al discurso del candidato oficialista en el debate televisado por RCN, no son cosa del pasado. El presidente Uribe, en lugar de exigir una investigación profunda que con seguridad hubiera salpicado a funcionarios cercanos a sus afectos, les restó importancia a las denuncias insinuando parcialidad malintencionada de los defensores de derechos humanos. Indignación provoca la muerte de jóvenes desempleados mientras hijos de ministros pasean en helicópteros del Ejército. Por esto, y por el insulto sistemático a opositores, no titubeo en la proclamación de que fuera de la seguridad democrática hay salvación. El retroceso, sólo los insensatos se niegan a reconocerlo, es oportuno al filo del abismo.

 TELEVISIÓN PÚBLICA: CÓMO FINANCIARLA

Mauricio Vera Sánchez

Una de las preguntas fundamentales en torno al tema de la televisión pública está centrada en definir cuáles son los mecanismos de financiación adecuados para hacer viable, no solamente desde el punto de vista social, sino también económico, un servicio público que es en esencia titularidad del Estado.

En este sentido, es importante hacer referencia al II Congreso Internacional de la Industria de lo Audiovisual: retos para la industria, celebrado en Bogotá en días pasados, y organizado por la Universidad Externado de Colombia, donde se expuso el panorama actual del servicio público de televisión en el país, cuáles son las perspectivas jurídicas a futuro y cómo hacer sostenible presupuestalmente, tanto los canales nacionales públicos como los canales regionales, entre otras funciones sustanciales al servicio.

Dentro de las posibilidades de obtención de recursos, varios modelos aplicados exitosamente en otros países del continente así como de Europa, nos sirven de referentes para plantear los escenarios próximos que podrían diseñarse para garantizar la neutralidad del servicio televisivo público, que responda por encima de cualquier otro objetivo a los principios soberanos del Estado más que a los del gobierno de turno.

El modelo aplicado en Gran Bretaña es uno de los más sólidos y que con mayor tradición tiene en cuanto a hacer de la televisión un asunto de todos, es decir un asunto público en el sentido pleno del concepto, donde el conjunto de todos los ciudadanos paga un impuesto o canon anual para financiar el servicio. Resultado de ello es la BBC, un canal con una orientación exclusivamente hacia los temas de interés común, con un fino equilibrio inglés entre temáticas socialmente útiles, formatos audiovisuales altamente competitivos en un mercado internacional de la televisión y altos estándares de calidad, sumado a una independencia política que en nuestra tradición latinoamericana ha estado y está ausente en muchas de las cadenas públicas. Los países nórdicos aplican de la misma manera este modelo.

Otro camino interesante de rastrear es el recorrido por países como Irlanda y Austria, donde se aplica un modelo mixto de financiación de la televisión pública, sumándole al canon pagado por cada ciudadano los ingresos que por publicidad pueden canalizar las estaciones de televisión. Ello implica que el regimen de contenidos y de formatos debe apuntar no solo a los temas de interés general sino también a hacerlos atractivos a los anunciantes vía valor de audiencia, es decir, los programas deben generar un masa crítica de televidentes que les garantice en cierta medida retornos económicos invertidos a las empresas y compañías que anuncian en ellos.

Italia y Bélgica tienen un modelo similar, pero conjugan la financiación mixta –publicidad e impuestos- con la asignación directa de recursos del estado, a través sus presupuestos generales. Es un modelo tripartita, asentado en los ejes de la publicidad, los impuestos y dinero público.

Portugal y España tienen una modalidad de subvenciones –apoyos directos de recursos públicos- ligados a contratos de programas más que al mantenimiento en pleno de una parrilla de programación pública.

Finalmente, en Colombia es importante que el conjunto de actores –academia, empresa privada, Estado y ciudadanía- resuelva este y otros asuntos que pasan por definir, por ejemplo, cuánto del PIB debería designarse a la televisión pública, cuánto le debería costar a cada hogar colombiano el servicio de televisión pública, cuántos empleos directos podrían generarse, tanto en el ámbito de los canales nacionales como de los regionales.

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