Ángel Castaño Guzmán

El 31 de octubre de 1517 el teólogo agustino Martín Lutero clavó en las puertas de la iglesia de Todos los Santos de Wittenberg un manuscrito que partió en dos la historia del cristianismo. Escritas en latín, lengua oficial del clero, en las 95 tesis el fraile enfiló baterías contra un boyante negocio del Vaticano. El Papa Julio II decretó que los pecados podían ser condonados con el pago de indulgencias. El dinero, destinado a la construcción de la Basílica de San Pedro, llenó los cofres de los templos. El manifiesto luterano provocó la ira de los purpurados, amigos de zanjar los disensos con la fría letra de la excomunión. En todo caso, los príncipes germanos, ansiosos de meter las manos en el botín, convencieron al monje de aprovechar el edicto condenatorio de León X para fundar una congregación no sometida al mandato pontificio.

Con la íntima convicción de que estas ideas no provocarán más que sonrisas cómplices, asentimientos generosos e indignaciones sanguíneas, las llevo a la palestra.

1.) El hondo malestar estructural padecido por Colombia no se soluciona con gastos militares sino, por el contrario, con la inversión de más dinero, esfuerzo y creatividad en la puesta a punto de un sistema educativo promotor de valores democráticos y ambientalistas. La plata que cae en la garganta sin fondo de la guerra puede cerrar de una buena vez la escisión académica entre estratos económicos.

2.) El cuerpo pertenece al individuo y no a entidades nebulosas, lejanas de cotidiano devenir de la humanidad. Por eso, el aborto no sólo es válido en los tres casos amparados por el fallo de la Corte Constitucional. Cualquier mujer mayor de edad puede, en caso de decidirlo en plena conciencia, recibir de los organismos de salud los tratamientos necesarios para la interrupción del embarazo. Es cuestión de autonomía personal.

3.) El porte y el consumo de la dosis personal de algún estupefaciente no es motivo de encarcelamiento. En lugar de recortar la libertad ciudadana, se debería velar por el cumplimiento de normas de salubridad e higiene de los narcóticos.

4.) El Estado nacido de luchas emancipadoras y de las canciones libertarias de la revolución francesa es, por definición, laico. La profesión de la fe por ninguna razón debe ser óbice para el sano funcionamiento de la vida pública. El editorial de la edición 59 de Poetintos disecciona con acierto los peligros del incesto de la religiosidad con la administración estatal.

5.) La expropiación de fincas adquiridas a sangre y pólvora por gamonales, paramilitares, insurgentes y narcotraficantes es necesaria para reparar a las víctimas del conflicto armado. La historia colombiana es sumario de luchas por la posesión de la tierra. El paramilitarismo y la miope reacción de los gobiernos nacionales han propiciado una contrarreforma agraria que lesiona los derechos de los pobres e indefensos.

6.) Todas las personas, sin distinción de género, orientación sexual, color de piel y demás diferencias genéticas, son iguales ante la ley. Flagrante atentado contra la igualdad es el hecho de que los homosexuales no puedan contraer matrimonio ni gozar de todas las protecciones legales. La actual concepción de la familia, construida por los tonsurados, tiene que sustituirse por una que le dé espacio a la pareja gay y lésbica.

7.) La sociedad civil, en pleno ejercicio de sus facultades, debe presionar por medidas eficaces que protejan el medio ambiente. De nuestra rápida reacción depende detener el calentamiento global. Con el denuedo empleado para combatir el fantasma de la crisis financiera, responsabilidad de las entidades bancarias, se podría iniciar una cruzada en favor de la naturaleza. Falta voluntad política.

Mauricio Vera Sánchez

Una aproximación para entender lo que sucede hoy en el mundo de las comunicaciones es considerar –como acertadamente lo puntualiza el investigador argentino Jorge Laferla– su esencia tecnológica como uno de los ejes conceptuales que permite comprender el funcionamiento y naturaleza de los medios en su especificidad más extrema y contemporánea: información eléctrica que es transformada en imágenes, sonidos y datos, es decir, en contenidos que se producen y circulan gracias al uso de tecnologías cada vez más sofisticadas y de alcance global.

Siendo así, el asunto de los medios en la actualidad ya no sólo es una cuestión de comunicación, o sea de producción simbólica de significaciones sociales y culturales, sino fundamentalmente una cuestión de telecomunicaciones, al darse con mayor fuerza una marcada y casi obligatoria dependencia a los dispositivos técnicos de producción y redes de distribución que posibilitan la creación y convergencia de una diversidad de plataformas de circulación de información y contenidos en constante crecimiento.

Si bien ha existido siempre una relación directa entre los medios y las técnicas que los hacen posibles, en la actualidad el aceleramiento en los cambios tecnológicos han llevado que tanto el estado, las empresas informativas y la academia deban replantear sus marcos de entendimiento, adaptación e investigación sobre fenómenos como el de la multimedialidad, la movilidad, la interactividad y la convergencia.

No hay duda en que la tecnología anda a mayor velocidad que la capacidad del Estado para adecuar las políticas públicas regulatorias y de control frente a los complejos escenarios de confluencia de la comunicación y las telecomunicaciones. En este sentido, el reto se da en una doble vía que permita proteger y defender el interés público y el bien común sobre los intereses privados.

Primero, es necesario afianzar y fortalecer las entidades estatales y los mecanismos que vigilan y exigen a los medios trasmitir contenidos que sean socialmente útiles y moralmente buenos, independientemente de la plataforma en que estos circulen, es decir la responsabilidad del Estado en regular el servicio público de la comunicación en los contenidos. Evidentemente de lo que se trata no es de otorgarle al Estado el poder absoluto de censurar y vetar cualquier contenido o información, ni mucho menos de restringir la libertad de expresión sino, por el contrario, de facilitar que la pluralidad de grupos sociales, culturales, étnicos, políticos tengan acceso a la tecnología y a las redes de transmisión que les garantice el derecho a expresar las diversas y opuestas opiniones que sobre la realidad nacional tengan, sin exclusión alguna.

En segundo lugar, se deberían afinar las bases jurídicas para regular el mercado de las telecomunicaciones, estableciendo las condiciones legales para que se promueva la libertad de empresa, cuidando que esta no vaya en contravía a los intereses superiores del Estado. Asimismo controlando las tendencias monopólicas y equilibrando la participación de las empresas locales frente a las multinacionales en el negocio. De manera paralela es importante que el trabajo de control se ejerza también desde las sociedades de protección a la propiedad intelectual, que ciertamente es más compleja en escenarios de convergencia.

Es claro que estamos enfrentando un cambio estructural desafiante, un movimiento tectónico de tal magnitud que la comunicación -es decir los contenidos y el servicio- y las telecomunicaciones se funden -y confunden en algunos casos- a través de la tecnología, afectándose mutuamente.