Por: Hugo Hernán Aparicio Reyes (poetintos@gmail.com)

La proyectada transformación de la carrera 25 de Calarcá, ha agitado razones y pasiones. Hacía tiempo una decisión administrativa local no ocasionaba reacción semejante. Ni aquella que, a costos de saqueo, contra toda sensatez, taló el centenario árbol de gualanday y convirtió el Parque Bolívar en indecoroso patio, legado de la goberlechita, hoy aspirante al Senado, y de una alcaldesa que soñaba con una salita de recibo para los turistas. En tal ocasión, quienes hicimos reparos de fondo al funesto regalo de la gobernación, también fuimos señalados como enemigos de la renovación urbana.

En el caso presente, las acciones de hecho contra las pretendidas obras, han obligado a la administración local, forzada también por los gobiernos, nacional y departamental, y por entidades defensoras del interés público, a suspender su ejecución. Los materiales ya adquiridos por contratistas anónimos debieron almacenarse con plazo incierto; los intereses del empréstito con el Banco Davivienda, a partir del desembolso, acumulan más de cuatro meses por valor superior a $300 millones (léase bien: trescientos millones a cargo de un municipio donde se soportan hambre y miseria en niveles que muchos se resisten a creer); la mesa de diálogo —pactada en acta suscrita con ocasión del retiro de los encadenados—, y varios procesos jurídicos administrativos, civiles y penales, avanzan, sin pronta salida. Si en debido momento la propuesta se hubiese llevado a instancias de participación ciudadana, como una entre varias alternativas de inversión, sometiéndolas al análisis, a la crítica, confrontándolas con la necesidad, posibilidad, y oportunidad, Calarcá no sufriría este grave conflicto y su administración podría mostrar resultados tangibles.

Las controvertidas obras, además de erradas en su proceso técnico, jurídico y administrativo, carecen de justificación. Son gaseosas las razones de quienes las concibieron, o las defienden: Según ellos, es necesaria la renovación de redes de acueducto y alcantarillado a lo largo de la carrera 25. Sí, es indispensable reemplazar ductos y tuberías cuando presenten deterioros por obsolescencia. Pero determinada esa necesidad mediante diagnóstico evaluable, ¿no es la Empresa Multipropósito la responsable de realizar este mantenimiento, con cargo a sus enormes ingresos?, ¿debe endeudarse el Municipio en miles de millones para asegurar o incrementar las utilidades de la empresa privada que explota su infraestructura?

Calarcá, aducen aquellos, requiere de inversión para generar desarrollo, para emplear mano de obra, y —manido discurso electorero que a nadie convence—, para atraer turismo. Aceptemos las dos primeras razones, con reservas. Aunque, ¿es prudente invertir sumas multimillonarias en una vía que cuenta con amplios espacios de circulación peatonal, única arteria de comercio activo, consolidado, con dinámica propia de renovación inmobiliaria, en sacrificio de sectores urbanos como la caótica Avenida Colón, record mundial de postes en uso o desuso y redes de cableado aéreo, sin aceras ni sardineles, zona alternativa de comercio, de pequeñas industrias y establecimientos de servicios? ¿Y los espacios públicos del sector de Versalles, o variante sur, horrendas fachadas que amedrentan a habitantes y foráneos? Para no mencionar otros posibles destinos de inversión que, a diferencia del concreto y el pavimento, podrían abrir posibilidades laborales estables y de buena calidad para un buen número de conciudadanos. Porque, no nos engañemos; más tardarían los taladros neumáticos en atronar, que estar invadida Calarcá de técnicos e ingenieros foráneos enfundados en cascos y chalecos azules. Los bajos mandos u obreros rasos locales: pico, pala, y jornal, durante un par de semanas, sin seguridad social ni prestaciones.

Del turismo, con respeto por quienes rinden culto a ese nuevo icono del consumo, da pereza tratar. Es tan engañoso, tan mal tratado, tan repetitivo el asunto en boca de la politiquería, que su mención ofende. Señalemos por ahora que indigna, que repugna, justificar inversión pública con el humillante expediente de satisfacer a los turistas. Abominable actitud que merecería condena en pueblos con autoestima. ¿Qué tal?, ¿es más importante agradar a los turistas, que promover la calidad de vida de quienes compramos, tributamos, sufrimos, marchamos, nos encadenamos, y medio subsistimos aquí? Los residentes en Calarcá o en cualquier localidad digna, aspiramos a que los administradores públicos trabajen en función del bien común local por encima de cualquier otra consideración. El gusto de los visitantes, con seguridad, se dará en relación directa con el bienestar que disfruten los residentes. No al contrario.

Continuemos razonando. De nuevo aludamos a la experiencia del Parque Bolívar. Nos consta la quiebra total o la grave lesión económica, relacionada en forma directa con esa obra, de varios comerciantes del sector. Siete, ocho meses de inactividad, de pérdida de clientela, de detrimento patrimonial, ocasionan trastornos sociales y empresariales no compensables luego. En la carrera 25 los afectados serían centenares, quizás miles, si se tienen en cuenta el comercio informal y los perjudicados indirectos; aún sin considerar los negativos resultados comerciales de este tipo de intervenciones urbanas, verificables en ciudades como Ibagué, Armenia o Manizales, para mencionar las más cercanas. ¿Y el plan alternativo de movilidad?, ¿cuáles son las vías que van a suplir el tráfico vehicular y peatonal durante y después de la ejecución del proyecto? No, no existe plan alguno, ni calzadas adecuadas para tal propósito. Como tampoco existe previsión sobre sostenibilidad y mantenimiento de los espacios peatonalizados. Incapaz de mantener en pulcritud mínima el Parque Bolívar y demás lugares públicos urbanos, ¿cómo esperar que el municipio, siempre en restricción presupuestal, asuma nuevas responsabilidades en este campo, incluyendo las propuestas jardineras, obstáculos para transeúntes, refugios de maleantes y fuentes de suciedad?

Dos aspectos cruciales escapan al análisis de críticos y defensores: el primero se refiere a la inconveniencia de propiciar aglomeración en zonas de alto riesgo sísmico. En el caso que nos ocupa, tendríamos construcciones de mediana altura flanqueando un corredor para uso permanente de gran número de personas. Es evidente el aumento de riesgo. El segundo toca fibras muy sensibles de la idiosincrasia, de la identidad colectiva local: las fiestas aniversarias y su relación con la carrera 25. A este malpensante se le ocurre que entre los beneficios marginales del proyecto, en cabeza de quienes lo idearon, ronda la velada intención de inhibir el uso de la Calle Real para la parranda anual de fines de junio. Con franqueza, a este comentarista, arraigado en Calarcá hace casi dos décadas, le asquea el abuso de vías y espacios públicos, la cloaca en que se convierten cada año, durante dos semanas; la contaminación en todas sus modalidades que en ese lapso arremete contra todos. Como muchos calarqueños raizales que lo expresan en privado, creo necesario repensar la celebración aniversaria. Sin embargo, si tal es la intención del gobierno municipal, debe ser explícita y discutida en ambiente democrático.

Por las consideraciones de orden práctico expuestas, más aquellas de índole jurídica y penal, dadas a conocer por el periodista Miguel Ángel Rojas, ya en manos de jueces y fiscales, más otras de naturaleza ética que también involucran a la contraparte de los convenios, Empresa Multipropósito, adherimos al