Artículo originalmente escrito para el diario La Crónica
y reproducido con la debida autorización de su autor: Miguel Ángel Rojas
Arias.
Los ciudadanos de Calarcá tienen toda la razón de protestar. Demuestran así que la indolencia
no fructifica en la "Villa del Cacique". Los felicito porque las sospechas de una profunda
corrupción administrativa en el gobierno de Carlos Enrique López Murillo parecen confirmarse,
luego de revisar sus actos de mandatario. Aquí sólo voy a tratar los convenios que el alcalde
ha suscrito con la empresa Multipropósito de Calarcá S.A. E.S.P., aunque son muchos más los
entuertos que, luego, en sucesivas columnas, iré contando.
López vendió, autorizado por el concejo, las acciones que Calarcá tenía en la Edeq, por un monto
cercano a los $2.000 millones. Y de ellos, le entregó $1.700 a Multipropósito para adelantar obras
de acueducto, alcantarillado y hasta para compra de lotes para un plan de vivienda. Los otros $300
los repartió en contraticos a dedo. La plata estuvo casi ocho meses en una cuenta de ahorros, que
paga mucho menos interés que en un CDT o un título similar, es decir, aquí hay el primer detrimento
patrimonial. Ese dinero, que ya se gastó, no ingresó al presupuesto del municipio a través de un
acuerdo del concejo, como manda la ley. Se hizo por un decreto, es decir, aplicando el ordenamiento de
una dictadura. El alcalde eludió la ley 80 de 1993, Estatuto de Contratación Pública, entregándole
en bandeja de plata el dinero de los ciudadanos a una entidad de carácter privado, con ánimo de lucro,
para que invirtiera a su amaño y beneficiara a sus socios particulares: Odinsa, Construcciones el
Cóndor, Operamos 2.000 e Ilam Ltda. Ingeniería y Laboratorio Ambiental. Todos foráneos, mientras
los constructores de Calarcá se "chupan el dedo".
Pero todo no para ahí. El alcalde contrató un crédito por $7.000 millones, que le desembolsaron el
19 de octubre de 2009 y no puso la plata en ninguna cuenta del municipio, se la entregó directamente
a Multipropósito, sin incorporarla al presupuesto del municipio a través de un acuerdo del concejo.
(Y los intereses qué). Siete días después, López firma con Multipropósito un convenio para que maneje
este dinero y haga las obras de acueducto, alcantarillado, que es su oficio, y semi-peatonalización
de la carrera 25, para lo que no tiene idoneidad profesional. Contratos para los grandes socios de
Multipropósito: Odinsa, Construcciones el Cóndor, Operamos 2.000 e Ilam Ltda. Ingeniería y Laboratorio
Ambiental.
La ley prohíbe a las instituciones del Estado, como el municipio de Calarcá, firmar convenios
interadministrativos con empresas privadas para construir obra pública. Multipropósito es
privada, el 60% de su capital pertenece a los socios mencionados, sólo el 40% es del municipio
a través de Empresas Municipales de Calarcá (EMCA). ¿Con qué fin se adoptó esta irregular
e ilegal opción? Juzguen ustedes, pero para la muestra, un botón: La pavimentación de la
calle 37, de 80 metros, costó $134 millones. Una calle similar, en Circasia, la pavimentaron
por $50 millones.
El alcalde es miembro de la junta directiva de Multipropósito, entidad con la que contrata, razón
mayor para abrir una licitación pública. Al contrario, utilizando artimañas, eludió la ley. Y una
perla del convenio de marras, la cláusula décima segunda donde se acuerda un silencio absoluto entre
las partes. El alcalde y Multipropósito firman una mutua confidencialidad. El mismo silencio que
guardan muchos medios de comunicación, que se hacen cómplices de la delincuencia de cuello blanco.
Los calarqueños tendrán que pagar de su bolsillo, con impuestos, estos entuertos que, seguramente,
dejarán a alguien, o a varios, muy ricos, mientras el pueblo seguirá pobre, encadenado a sus
sufrimientos.
|
