Por: Jaime Lopera Gutiérrez (jjlope@telesat.com.co)

Calarcá se originó alrededor de un mercado.

En el año de 1882 —ya establecidas las poblaciones de Salento (1851), Filandia (1878) y Circasia (1884)— algunos salentinos decidieron avanzar con nuevas exploraciones allende el río Quindío y fueron estableciendo allí sus mejoras, abiertas a golpes de hacha.

Estos nuevos colonos requerían del aprovisionamiento de víveres, medicinas, herramientas y, por lo tanto, debían regresar hasta Salento para conseguirlas. Pero muchas veces el crecimiento de las aguas del río Navarco, que se cruzaba para llegar a esa localidad, los aislaba por un tiempo. Las mejoras de Cruz Peña, Pedro María Flórez, Francisco Antonio Ospina, Bibiano Ospina, Ramón María Franco y Santiago Parra ya estaban abiertas, pero sus comunicaciones a menudo cerradas a tal punto que las dificultades aumentaban a medida que el acceso al mercado salentino se hacia más lejano y más penoso.

Por esa época (1879) llegó Segundo Henao, quien hizo unas mejoras a orillas del río La Vieja, específicamente en Maraveles, y adquirió unas mejoras en «Versalles» de propiedad de Ezequiel Peña (hermano de Cruz Peña, quien vivía en El Mangón; Práxedes Marín tenía mejoras en Santo Domingo; Pedro Flórez en la Pradera; Sixto Tabares en el Pescador; Jesús de la Pava en Puerto Rico, Jesús María Buitrago y Gabriel González en Aguacatal, y Andrés Naranjo en Llanitos). Todos ellos comenzaron a pensar en la idea de la fundación con el objeto de crear entre todos una dependencia común de propósitos que los identificara con la región a la cual se estaban vinculando.

La principal despensa comercial era, desde luego, Salento. Pero una economía de pancoger, de colonos sin organización institucional, reclamaba una solidaridad más estrecha alrededor de un modus vivendi común a todos. La necesidad de nuevo mercado y de nuevas relaciones comerciales y sociales más inmediatas, determinaron la idea de fundar a Calarcá.

Entre 1882 y 1886, año de la fundación, los colonos que nombramos y otros que llegaron, fueron viendo crecer sus sementeras y cultivos. Los testimonios de la fundación provienen, hasta el momento, de dos fuentes principales: las actas de fundación que reposan en la Biblioteca Pública de Calarcá, y el libro «Calarcá en la Mano» que escribiera don Eduardo Isaza y Arango en 1926 (1), aunque el prólogo de Roberto Botero Saldarriaga está fechado en 1930. Además existen fragmentos muy esquemáticos, acerca de los primigenios episodios de fundación redactados por Segundo Henao en su libro «Miscelánea», en el capítulo denominado de «Las fundaciones» (2).

De estos pocos antecedentes hemos de condensar los hechos de la fundación, pues no existen otros testimonios, ni escritos ni orales, idóneos para acercarnos mejor a la elucidación de este período de nuestra historia calarqueña. Este vacío de interpretación deberá ser llenado posteriormente cuando se tengan a mano nuevos documentos de la época o nuevas versiones competentes para el análisis,

Sobre los fundadores existe una extraña contradicción de pareceres: el colonizador Jesús María Buitrago, en un reportaje que concedió a Isaza y Arango en 1924, a sus 76 años de edad, niega la participación de Román María Valencia en el establecimiento del pueblo y dice que «vino precisamente cuando estábamos en la empresa de fundarlo». Sin embargo, en el acta de demarcación de las plazas y calles, siempre aparece Valencia en primer lugar entre los pobladores que designan a la junta demarcadora.

En su monografía, Isaza y Arango señala que Valencia y Segundo Henao eran amigos y, el primero —coleccionista de mariposas, coleópteros y pájaros— se presentaba a menudo a visitar la casa de «Versalles» donde vivía Henao, y que gracias a esa amistad había dejado sus negocios en Pereira para radicarse definitivamente entre los nuevos colonos. Con base en el acta de demarcación citada —con fecha de julio 7 de 1886— parece improbable descartar la intervención decisiva de Román María Valencia en la fundación de Calarcá.

En fin, reunida la común opinión de los colonos, en torno de Segundo Henao, especialmente, se procedió a legalizar la fundación. El acta principal dice así:

«El 29 de junio de 1886 se reunió la junta de entusiastas, para nombrar cinco individuos, para fundar una nueva población, en terrenos baldíos de la nación. Esta fundación se hará en el punto denominado «Calarcá». Esta junta compuesta por los señores: Pedro Osorio, Jesús María Buitrago, Baltasar González y Segundo Henao, en presencia del señor alcalde Luís Tabares, y como Secretario de esta junta el señor Francisco Velásquez R. y para constancia de lo dicho firmamos»,

La idea de la fundación estaba prevista para realizarse en la zona llamada «La Bella»; pero cuando estuvieron verificando el lugar hallaron dificultades en la provisión del agua por lo cual decidieron buscar otro sitio. Ramón Franco, quien tenía unas mejoras de caña donde actualmente está la ciudad, ofreció sus terrenos «por una suma de cincuenta pesos chiquitos». A falta de moneda, se decidió permutarlos a cambio de dos solares en la nueva población. El arreglo quedó concertado el 22 de junio, y siete días después se firmó el acta de fundación transcrita.

En el momento de la fundación, Calarcá contaba con unos 500 habitantes, vale decir, unas 150 familias, según se dice en un memorial al Ministro de Hacienda de entonces, firmado en septiembre de 1888. Luís Tabares, valga la pena aclararlo, no era en realidad el alcalde sino el comisario delegado del alcalde de Salento en el nuevo caserío, y quien representaba la lejana autoridad de los salentinos ante los colonos de Calarcá. Parece que ayudó y mostró mucho interés en este memorial y en la nueva fundación.

Dispuesta la fundación el 29 de junio de 1886, y según las formalidades ad-hoc de los pobladores, se constituyó la Junta Pobladora. De acuerdo con una nueva acta, firmada el 7 de julio de 1886, se nombraron como presidente a Segundo Henao; a Francisco Ospina como vicepresidente, y Aniceto Arango como secretario, Los vocales fueron: Pedro María Osorio y Baltasar González; y los suplentes, Jesús María Buitrago, Pedro Flórez, Juan de Jesús Herrera y Manuel Ocampo.

Esta Junta Pobladora dispuso la extensión de la plaza (100 varas), la medida de las calles (10 varas) y de las cuadras (80 varas). Igualmente señaló que los solares serian vendidos a «un peso ley», con la obligación del comprador de cercarlo, rozarlo y ponerle casa de habitación en el plazo de cinco meses. Posteriormente, en 1888, se dijo que la plaza principal llevaría el nombre de «Ricaurte», pero aún se ignora la fecha en que cambió su nombre a Plaza de Bolívar.

Este proceso se fue desarrollando en el marco del pleito de tierras que atendían los pobladores. Por ejemplo, las reglas para la distribución oficial de las tierras públicas de Calarcá fueron publicadas en enero 14 de 1908 (Diario Oficial), pero no se registró ninguna concesión específica. Por eso el título de las tierras en cuestión estaba en pleito: desde 1888 un grupo de colonos había solicitado 14.000 hectáreas de baldíos, pero la petición había sido archivada (en Bogotá) «porque estaba pendiente una investigación», dice Parsons (3).

Muchas formas emplearon los burócratas de la República para otorgar las adjudicaciones de las tierras baldías, especialmente entre 1827 y 1886 (4). Entre otras pueden mencionarse las siguientes: adjudicaciones por medio de documentos de deuda pública; por títulos de concesión; por compra de bonos territoriales; por dinero; por concesiones especiales; por contrato; por cuentas del Estado; por venta; y, también, «por la apertura de un camino», «como cultivadores»; «como pobladores» o por auxilio de un camino. De esta manera el Estado se iba desprendiendo de sus bienes territoriales en provecho del afán colonizador (5).

¿Por qué razón no se registró formalmente en 1908 la concesión de pobladores de Calarcá? Ya lo vimos antes: el territorio que ocuparon los primeros colonos (Basilio Valencia y Miguel Santana, Segundo Henao, N. Santa y otros) pertenecía a una poderosa compañía de terratenientes, la Sociedad Anónima de Burila. Sus tierras se extendían desde Zarzal hasta Salento y cubrían, además de las tierras de Sevilla y Caicedonia de hoy, casi todos los poblados del Quindío. Esta compañía se opuso al registro con sus influencias en la capital.

Pero volvamos atrás: Ramón Franco y Juan de Jesús Herrera fueron nombrados agrimensores y se procedió a la distribución de lotes, El primer restaurante, billar y cantina fue construido por un anaimuno, José María Londoño, analfabeto y solterón, quien trajo consigo a un hermano y la esposa de este, Ana Félix Patiño, cundinamarquesa, para atender la primera fonda.

Por su parte, la primera capilla fue construida con árboles de laurel-peña y las casas con pañete y guadua. Para erigir la capilla y la escuela, la Junta Pobladora decreta, en octubre de 1887, las primeras fiestas por tres días para enero del año siguiente (1888) bajo el control del alcalde del distrito y el cura de la parroquia.

Cuatro años después, en 1890, la nueva población de Calarcá cuenta con 2.228 habitantes. Llega la primera misión católica y los misioneros son recibidos en forma muy especial. «Se suplica —dice el decreto del comisario Cardona— a todos ios vecinos, que lo pueden hacer, concurran el día de la venida de los RR padres para hacerles el recibimiento todo lo más decente y culto que se pueda». Fray Juan Capristán y fray Bernardino fueron los primeros misioneros,

Otros decretos del Comisario Mayor prohibían, bajo multa de 40 centavos, cargar armas dentro de la población los domingos y días festivos; los borrachos serían llevados a la cárcel y con los fondos de las multas «se harán los gastos de administración de justicia en el pueblito». El 24 de agosto de 1886 decretan la primera feria o mercado, los lunes, y la apertura de la calle Real, en dirección a Salento; el 8 de diciembre del mismo año obligan a la limpieza de la calle a los beneficiarios de los solares y conminan a los deudores a que paguen sus solares o quedarán vacantes.

El 2 de febrero de 1887 se nombra como secretario de la Junta Pobladora al señor Tomás Cardona y se le fijan cuarenta centavos como honorarios por cada reunión; se decreta como vía de utilidad un camino que pasa por El Mangón hasta el Santo Domingo; se prohíbe que vayan por las calles, «en materia de animales irracionales», los que no sean bestias de silla o de carga; finalmente, se fija el terreno para el cementerio en las partidas de « La Paloma», por el camino que va a la Elvecia.

En marzo de 1887 se ordena la construcción de una pila pública, en el centro de la llamada Plaza de Ricaurte, para el uso de la población. Roque Moná es el encargado de acometer la obra y construye una acequia o zanja para el agua desde la partida del camino que sale para Chagualá, en plazo de tres meses y «por un valor de 66 pesos de 8 décimos».

Durante todo ese año de 1887, la Junta Pobladora se entrega a la tarea de adjudicar los solares y recibir las solicitudes de nuevos colonos procedentes de Antioquia, pero también de los que han llegado del Tolima y Cundinamarca, La Junta establece un tributo especial a estos nuevos habitantes de «un peso ley» y como parece que estos habían llegado realizando bailes y parrandas, jugando y corriendo caballos, se dispone la prohibición de los juegos de azar y las carreras.

Ese mismo año es nombrado comisario Marcelino Cardona en reemplazo de Tabares; y Eleázar Herrera, designado como tesorero del caserío, le corresponde iniciar el cobro del primer impuesto municipal de degüello acatando esta orden del alcalde de Salento, J. De la Cruz Cardona: «No deje degollar res ni cerdo, sin que primero se paguen los derechos al tesorero». El caserío esta tomando forma; se multiplican sus habitantes (de 500 a 2.228) y se incrementan las sementeras en los claros desarborizados de la comarca.

(1) Eduardo Isaza y Arango. “Calarcá en la Mano”. Tipografía Renovación Calarcá, 1930. Todo este capítulo está basado en la monografía de Isaza y Arango quien a la sazón era el jefe de la estadística municipal. En 1923 publicó el primer “Boletín Estadístico”, obrita que fue reseñada en el periódico El Relator de Cali y que le mereciera elogios de Heraclio Uribe, hermano del general Uribe Uribe y fundador de Sevilla (Valle). Un busto del general Uribe existía ya en Calarcá por esas calendas y también un periódico denominado “Luciérnaga” cuyas ediciones al parecer nadie conoce. “Calarcá en la Mano” fue prologado por Roberto Botero Saldarriaga y trae unas fotografías de la época muy reveladoras del ambiente histórico local.

(2) Segundo Henao, “Miscelánea”. Publicación de la Universidad del Quindío. Junio 1986.

(3) Parsons, op., cit., 149.

(4) En una relación de las adjudicaciones de tierras baldías y concesiones hechas desde el año 1827 en el Estado del Cauca, hay un dato de mi abuelo paterno, Cruz Lopera Berrío (Colombia Agraria, Manizales, 1920) en el cual se informa que los pobladores de la Nueva Salento recibieron en 1827, por concesión especial, 15.360 hectáreas. El general Tomás Cipriano de Mosquera recibió ese mismo año, 2.700 hectáreas a manera de concesión del gobierno por servicios prestados. En este mismo libro encontré dos referencias legislativas sobre el Quindío; una, sobre la ley 26 de mayo de 1835 que ordenó la apertura de un camino de herradura por el Quindío a cambio de 25.000 hectáreas que se darían como pago a los contratistas; y otra un decreto legislativo del 27 de mayo de 1842 por el cual se asignan 12 fanegadas de tierra a cada uno de los individuos que “estuviera al cuidado de los tambos o posadas para el servicio de los transeúntes” del paso por el Quindío. Citado por Marco Palacios, “El café en Colombia”, 1850-1970; El Colegio de México, El Áncora Editores; segunda edición, 1983. p. 312

(5) Entre 1823 y 1931 se traspasaron en Antioquia y Caldas 1'235.567 hectáreas, de las cuales solo el 17 por ciento fue para las colonias o las fundaciones. “Un 65 por ciento se concedió antes de la era del café”, señala Palacios. Y añade que en el Quindío una finca cafetera de 80 hectáreas se reportaba como una hacienda. Más adelante afirma que, de todos modos, “la colonización dio lugar a un mercado de tierras muy activo”. (M. Palacios, op. cit., p. 313). La empresa Burila, por su parte, reclamaba 128 mil hectáreas que, hacia el período 1870 y 1905, fueron ocupadas por “colonos pobres” que se habían asentado en esa zona.