Por: Jaime Lopera Gutiérrez (jjlope@telesat.com.co)
Mientras algunos pueblos indígenas, particularmente aquellos situados en las mesetas cordilleranas
o en zonas de vertiente, repelían la presencia de los conquistadores y encomenderos, otras tribus se
doblegaban fácilmente y permitían su reducción a un estado de sojuzgamiento
penoso.
Las comunidades indígenas fueron sometidas a los encomenderos, a quienes las ordenanzas reales les
permitían el usufructo de la fuerza laboral del indio, mas no la propiedad de la tierra, para que
tributaran a la Corona con sus frutos. La encomienda ostentaba un carácter típicamente
religioso, constituía el nervio vital de la colonización española y también de
la acción misionera. «De ellos podéis servir y aprovechar en vuestra casa, minas e
haciendas, labranzas y granjerías...con tanto que seáis obligados a enseñarles e
industriarles en las cosas de nuestra Santa Fe Católica».(1)
No obstante que con las Capitulaciones se dictaron desde España algunas providencias
(cédulas reales entre 1526 y 1548) encaminadas a reglamentar la institución encomendera y a
darle protección a los nativos, los encomenderos y conquistadores (con excepción de Robledo,
muy especialmente) hostigaron a los indios con métodos opresivos y explotación inhumana; se
desentendieron de las determinaciones reales e incluso en varias ocasiones —empezando por Alvaro Oyón
en 1552- promovieron rebeliones contra las ordenanzas de la corona. «Se obedecen pero no se
cumplen», habría dicho Belalcázar refiriéndose a las leyes de 1542.
Carlos V vacilaba en la aplicación de la autoridad, ciertamente inclinado al trato humanitario del
indio, puesto que los titulares de las encomiendas en sus lejanías gozaban de gran autonomía y
dominio por los lazos del vasallaje y el poderío de sus estrategias bélicas. «En todo
caso la protección que por medio de la legislación se daba a los indios, incluyendo el
envío de jueces, no pudo ser suficientemente eficaz para detener la merma y la explotación de
la población indígena».(2)
Las precarias garantías, el brutal asedio y la muerte indiscriminada de indios quimbayas por los
aventureros convertidos en encomenderos, empujó a los pueblos indígenas a adoptar decisiones
temerarias de defensa y ataque, para lo cual convocaron juntas de guerra, una de ellas celebrada en Consota
a la que concurrieron caciques vecinos de jurisdicción. Allí determinaron estrategias diversas
de combate y los más osados emprendieron la famosa rebelión de1542.
El resultado les fue adverso, sin embargo. Según Friede, de la totalidad de las víctimas, el
97 por ciento correspondía a los indios, negros y soldados al servicio de los encomenderos, y
sólo el 3 por ciento a los propios encomenderos.(3)
Más tarde, en 1550, el oidor de la Real Audiencia Francisco Briceño, habría de
iniciar juicio de residencia contra el capitán Miguel Muñoz, regidor en la provincia de Cartago
y a quien se atribuía la comisión de las atrocidades que dieron origen a las hostilidades de
1542. «El Oidor Briceño, abrumado por la contundencia de las pruebas, impuso a Muñoz la
pena de servir tres años en las galeras «a remo» en España, el destierro perpetuo
de las Indias, la privación del derecho a ejercer servicios públicos y la pérdida de las
encomiendas en favor de la Corona; a más de una multa de 5.000 Castellanos a favor del real erario,
suma que se destinó a sufragar los cuantiosos gastos que originó la debelación del
levantamiento de Gonzalo Pizarro en el Perú».(4)
Como dijimos, el capitán Muñoz fue uno de los más antiguos y eficientes
conquistadores. Fue «el primer cristiano que alcanzó el valle que se dice La Vieja, donde se
pobló ahora la ciudad de Cartago». En 1554, con ocasión de la visita que hizo a su
encomienda de los gorrones, próxima a Cali, sus propios encomenderos le dieron muerte.(5) Una nueva
insurrección, la última que se produjo entre los quimbayas, y que revela el inhumano trato y
las condiciones de aberrante explotación que a nombre de la encomienda se infligía a los
aborígenes, estalló en 1557.
Se ha indicado que el comienzo de la rebelión fue consecuencia de las crueldades cometidas por el
capitán Andrés Gómez, a la sazón teniente de Cartago. En aquel año se
rebelaron los paéz en el Valle del Magdalena, los sutagaos en el sur y los indios de la provincia de
Vélez al norte; en el Valle del Cauca se alzaron los gorrones y los bugas y se dio la mencionada
alianza entre los quimbayas, panches y carrapas. Sobrevino igualmente un ataque general de los pijaos y los
panches, y todos los indios de Ibagué, Mariquita y Cartago se aliaron para la agresión.
Entonces se produjo la destrucción de la primera población, Buga, que había sido fundada
bajo el nombre de «Jerez de la Frontera».
Esta rebelión se prolongó no obstante la división de los aborígenes, algunos
de ellos muy dados a dejarse sobornar o amedrentar. Finalmente el alzamiento fue sofocado por el
capitán Salinas, quien al mando de una gigantesca expedición provocó la huida de los
panches y pijaos, al propio tiempo que cegó las comunicaciones entre estos y los quimbayas. El
capitán Alonso Fuenlabrada venció a los bugas y llegó hasta Cartago para romper el sitio
indígena a ese poblado.
Ya desde 1540 se habían polarizado las fuerzas políticas en España en favor de los
indígenas, por un lado, y de los encomenderos, por otro lado. Un antiguo encomendero, que había
llegado como soldado de fortuna a Las Antillas en una expedición que se distinguió por sus
crueldades contra los indios, Bartolomé de las Casas, ingresó como novicio a la Orden dominicana
e inicio una ferviente defensa de los indígenas ante el emperador Carlos V Tras escribir «La
Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias», influyó para que la
Corona expidiera las normas que en la época significaron una profunda renovación del derecho
indiano y provocaron la reacción de los encomenderos contra la monarquía.
Una ardiente polémica se desató entonces desde España entre el fraile y el vocero de
los encomenderos Juan Ginés y Sepúlveda, famoso hombre de letras a quien llamaban el
«Tito Livio Español». «Fue el debate entre los dominadores y los dominados, entre
los de arriba y los de abajo».(6) Tal controversia tuvo amplia resonancia en todos los sectores y se
prolongó bastante tiempo.(7)
Entre tanto, y no obstante las visitas del licenciado Tomás López y el obispo Juan del Valle
-hombres de toda probidad- para buscar la sujeción de los encomenderos a las leyes protectoras y fijar
nuevas tasas tributarias, la población indígena fue diezmada debido a las guerras con los
españoles, la explotación ilimitada de las fuerzas del trabajo; el contagio de las enfermedades
de los europeos, la disminución de los nacimientos y el aumento de las muertes, asociadas a la
diáspora y a la desintegración de las comunidades indígenas.(8)
La sensible disminución de la población nativa vino aparejada de un decrecimiento notorio en
las encomiendas si nos atenemos al censo de 1559 (de López y Valle) donde se informa de solo 18
encomenderos, 37 pueblos y 4.573 indios tributarios, cuando en 1541 se habían contabilizado treinta
conquistadores y 15.000 tributarios, de conformidad con la versión de fray Jerónimo D'Escobar,
Diversos motivos han invocado los historiadores como justificación de ese porcentaje asombroso de
merma poblacional, pero prevalece en forma evidente el sistema de barbarie y explotación y los
enfrentamientos guerreros.
La mayor encomienda en la región quimbaya era, precisamente, la de Pindaná, Aguacabezas y
Quindío de Juan de Céspedes, con 449 tributarios y la de Orobí y Tataqui con 174
tributarios. El siguiente resumen revela el dramático descenso de los pueblos quimbayas asentados en
la región quindiana:
Con las encomiendas de Pedro Sánchez del Castillo y de Diego de Alameda en Orobí y Tataqui,
con ocho y seis tributarios respectivamente, empezó a languidecer entre nosotros la figura de la
encomienda hasta extinguirse por consunción. De la evolución reflejada en la figura anterior
puede inferirse que varias encomiendas fueron fusionadas o incorporadas a parcialidades más grandes,
para continuar la explotación indígena. Algunos historiadores atribuyen al grado de violencia
e inseguridad que acusaban la región, la vinculación de militares a las encomiendas, como en el
caso del Quindío, donde de los siete encomenderos los últimos tres fueron militares.
Con posterioridad a las guerras de la conquista y comenzando el siglo XVII, se emprendieron las guerras de
desalojo y exterminio contra los grupos menos organizados y contra aquellos que constituían un blanco
menos atractivo para sus fines por su organización militar y política, como los pijaos. Otros
grupos fueron desalojados y obligados a refugiarse en zonas inaccesibles y regiones malsanas. Los que se
rindieron fueron sustituidos gradualmente por el mestizaje.
